Taller justicia de datos en América Latina: Retos y alternativas. 17 y 18 de Noviembre en Bogotá, Colombia

Organizado por la Fundación Karisma, el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario (ISUR), y el proyecto de Global Data Justice de Tilburg University.

Fechas: 17 y 18 de Noviembre de 2022

Lugar: Calle 12C # 6-25 – Universidad del Rosario, Sede Claustro, Salón 232, Segundo piso

Bogotá, Colombia (Híbrido)

  1. Contexto
  2. Metodología
  3. Cronograma
  4. Recursos
  5. Logistica
  6. Biografias

Contexto

La capacidad de las tecnologías digitales para vigilar, clasificar e intervenir la vida de las personas no está conectada a la idea de justicia social. La forma hegemónica de gobierno de las tecnologías de datos representa las necesidades de las empresas de tecnología y los Estados del Norte Global que las promueven. 

En América Latina, las empresas de tecnología ven las infraestructuras básicas de datos de los Gobiernos cómo nuevos mercados para generar dependencias. Desde la privatización de los 90s, estas empresas tienen contratos de infraestructuras de datos como los sistemas de identidad nacional, los sistemas de seguridad pública y la distribución de servicios sociales. Los Estados de emergencia declarados durante la pandemia se convirtieron en espacios para consolidar la entrada de actores privados en nuevas infraestructuras como los sistemas de almacenamiento de información sensible estatal, dispositivos de vigilancia pública, las herramientas de comunicación con la ciudadanía y datos de salud de la ciudadanía.  

Al mismo tiempo, nuestros Gobiernos reproducen violencias históricas contra comunidades vulnerables a través de sistemas complejos para mantenerse en el poder. Los sistemas de datos se han utilizado para invisibilizar la experiencia de comunidades vulnerables. Los estallidos sociales en América Latina en los últimos años vinieron acompañados de un incremento en el uso de tecnologías de vigilancia como los drones, el reconocimiento facial y el uso de datos no convencionales por parte de las autoridades de seguridad pública. La “innovación” en la implementación de programas sociales y políticas públicas ha traído consigo nuevas formas para perseguir, discriminar y estigmatizar comunidades vulnerables. 

Ahora bien, desde diferentes frentes, las comunidades se han organizado para hacerle frente a este tipo de sistemas y reclamar un gobierno de datos que traiga beneficios colectivos y que proteja a las comunidades más vulnerables. Igualmente, las organizaciones han empezado a utilizar los sistemas de datos para visibilizar violencias que no han sido reconocidas por los Estados. 

Este evento apunta a analizar los retos y promover un modelo de gobernanza de datos que contribuya a la autonomía, dignidad, participación y control comunitario sobre las infraestructuras digitales. 

Metodología

Se propone la realización de cuatro paneles en el que se presentan de 4 a 5 experiencias con un tema común y se generan discusiones productivas para construir una agenda de investigación.

1. Retomando el control público: Cómo las empresas de tecnologías están tomando las infraestructuras de interés público.

En medio de la trayectoria histórica de la privatización de servicios e infraestructuras públicas en América Latina, las compañías de tecnología están apuntando a expandirse a nuevos sectores y generar nuevas dependencias en las infraestructuras de interés público. En esta sección vamos a analizar casos de la expansión oportunista de empresas de tecnologías, las afectaciones de estos sistemas y los mecanismos que podríamos utilizar para retomar el control público y proteger los derechos fundamentales de las comunidades. 

Participantes:

El contexto de crisis de la pandemia permitió la expansión de las empresas tecnológicas en áreas en las que la prestación de servicios públicos y sus modelos de negocio no están alineados, y en formas en las que los marcos regulatorios están mal equipados para responder. Documentamos cómo las empresas tecnológicas se han trasladado a la sanidad, la educación, la seguridad, el transporte, los pagos y la identificación durante la pandemia. Además, identificamos un problema de oferta de movimientos oportunistas y uno de demanda en el que la emergencia promovió una nueva privatización de las funciones públicas. Debemos resistir la entrada de empresas tecnológicas en espacios donde sus modelos, prácticas y ética están desalineados con el interés público y rebatir su creciente poder infraestructural (nube, conectividad y analítica) en los servicios públicos.

El mapeo realizado a través de esta investigación registró 253 casos de iniciativas de lucha contra el COVID-19 que implican el uso de tecnologías basadas en el tratamiento de datos personales en 24 unidades federativas y 77 municipios. La tecnología más interesante fue el Índice de Aislamiento Social, desarrollado por la empresa In Loco (actualmente llamada Incognia). Introducido en 47 unidades federales (considerando estados y municipios), el índice representa el 18,6% del total de casos mapeados. Otras tecnologías utilizadas fueron las cámaras termográficas, destinadas a medir la temperatura corporal e identificar a los posibles infectados por el COVID-19. Una parte de estos productos identificados está equipada con tecnologías de reconocimiento facial y detección de máscaras, teniendo como principales desarrolladores a las multinacionales chinas Dahua y Hikvision. En términos generales, se observa que la oferta y el desarrollo de las tecnologías mapeadas ocurren, en su mayoría, a través de la acción de una multiplicidad de actores privados, de forma dispersa y con origen predominantemente nacional. En cerca del 53,84% de los casos observados, la adquisición de tecnología por parte del sector público ocurrió a través de acuerdos no onerosos, como términos de cooperación, préstamo, donación, entre otros. En muchos caoss, no pudimos identificar al desarrollador superó los valores porcentuales del segundo desarrollador más frecuente entre las tecnologías mapeadas, que aparece con el tercer mayor porcentaje de este dato.

El informe presenta un análisis cualitativo que mapea detalladamente el avance silencioso de los sistemas de reconocimiento facial en nueve países de América Latina y las empresas proveedoras de tecnologías biométricas por detrás de ello, así como sus países de procedencia, el tipo de relación establecida con los Estados, las áreas en que predominan su presencia y los potenciales riesgos que dichas tecnologías plantean en el ámbito social, político y económico. Si bien se reconocen iniciativas por parte del sector privado que tienen un gran potencial de afectación a derechos fundamentales, el informe se concentra específicamente en iniciativas lideradas por el sector público, muchas veces en alianza con empresas locales y globales. Además del análisis detallado de cómo avanzan las tecnologías de reconocimiento facial en la región, buscamos enfatizar las estrategias adoptadas en los países para resistir a su implementación cuando no hay atención a los derechos humanos e impulsar reflexiones en torno a las herramientas de monitoreo previstas por los Estados para medir la efectividad de este tipo de sistemas. Con esto, se busca proporcionar una discusión participativa entre panelistas y miembros de la audiencia sobre la efectividad y utilidad real de tecnologías de reconocimiento facial, resaltando la urgencia de instaurar mecanismos de supervisión y de evaluación de impacto con perspectiva de derechos humanos cuando se trata de la implementación de tecnologías de vigilancia.

  • Daniel Alejandro Vizuete Sandoval (FLACSO/CTS LAB) Inteligencia Artificial y Big Data:  debates, usos y retos en América Latina. El caso de Ecuador

El optimismo respecto a las promesas que la “Transformación Digital de Ecuador” traería consigo, ha generado una proliferación de iniciativas públicas, privadas y académicas respecto a la generación y uso de conocimientos relativos a las tecnologías de Big Data e Inteligencia Artificial. ¿Quién produce el conocimiento de estas tecnologías en Ecuador? ¿Dónde se origina, cómo circula y donde se reproduce este conocimiento? ¿Cómo y para qué se usan los conocimientos? Son algunas de las preguntas que intentamos responder en esta investigación. Los primeros hallazgos muestran patrones de circulación y reproducción de conocimientos ligados a la proliferación de varios tipos de programas académicos y publicaciones. En cuanto al uso de estas tecnologías en el sector privado, se han identificado sectores donde su uso gana terreno desde hace varios años. En cuanto al sector público, hemos identificado la existencias de varias políticas transversales que promueven su uso, con foco en varias iniciativas ligadas a la pobreza, corrupción y participación ciudadana. Fruto de estos hallazgos, se han abierto nuevas preguntas que ponen en tensión la escasez relativa de talento humano, infraestructuras, “data sets” y las implicaciones de los usos de estas tecnologías en Ecuador.

2. Dignificando a las comunidades: Cómo las decisiones algorítmicas afectan la autonomía de las personas en América Latina. 

El creciente uso de tecnologías de decisiones automatizadas en diferentes aspectos de la vida tiene implicaciones en la forma en que el Estado y el sector privado ven y tratan a las personas. Siguiendo tendencias históricas, las tecnologías automatizadas se han utilizado para reproducir violencias sobre comunidades vulnerables en la región. Esta sección va a analizar diferentes casos de violencias e inequidad por medio de sistemas de datos y decisión algoritmos en América Latina y explorará mecanismos para hacerle frente a estos desarrollos dignificando a las comunidades vulnerables. 

Participantes:

En el texto construimos una propuesta para transformar los sistemas en herramientas que encarnen los derechos humanos y permitan la autonomía de las comunidades violentadas por la pobreza. Para construir este marco, nos ocupamos de analizar el entramado institucional y tecnológico del Sisbén que limita los derechos, la autonomía y la dignidad de las personas en condición de pobreza. Así proponemos (al menos), cinco requisitos de derechos humanos que deben regir eldiseño de sistemas de datos para la protección social: inclusion, no-discriminación, transparencia, rendición de cuentas y participación. Estos requisitos surgen de losproblemas actuales del Sisben, de las sentencias de la Corte Constitucional y las organizaciones internacionales de derechos humanos.

El presente informe, primero en Colombia, explora las “Promesas de las Reformas al Seguro Social” en la Economía Gig. Para ello, el equipo de Fairwork Colombia ha analizado ocho plataformas (Rappi, Ifood, Mensajeros Urbanos, Uber, Didi, Cabify, Beat y Hogarú) en tres sectores diferentes: reparto de alimentos, transporte (transporte privado) y cuidado doméstico. Las plataformas digitales se han vuelto esenciales durante estos años y durante las cuarentenas han mantenido el trabajo remoto de profesionales y trabajadores de oficina. Al mismo tiempo, miles de trabajadores, que perdieron su empleo durante la pandemia COVID-19, encontraron en las plataformas digitales una forma de ganarse la vida durante la crisis. El proceso de puntuación de Fairwork consiste en una investigación documental para analizar la posición pública de las plataformas en términos y condiciones, regulación, informes, precios y políticas internas. También incluye la búsqueda de legislación nacional relevante, entrevistas con los gerentes de la plataforma para recopilar información sobre el funcionamiento de las plataformas y los modelos de negocio, y entrevistas con los trabajadores para entender el proceso de trabajo cómo se lleva a cabo y se gestiona. Al crear conciencia sobre las condiciones de los trabajadores en Colombia y en todo el mundo, Fairwork tiene como objetivo ayudar a los trabajadores, consumidores y reguladores a hacer que las plataformas rindan cuentas por sus prácticas y crear un mundo de trabajo de plataforma justo.

El objetivo del presente informe es comprender el escenario regional latinoamericano en el contexto del surgimiento de distintas iniciativas que implican la aplicación de tecnologías automatizadas para el ejerci- cio de la función pública. En especial, nos interesa comprender las implicancias de tecnologías que puedan ser categorizadas o hayan sido presentadas bajo la etiqueta de “Inteligencia Artificial” (IA), sus consecuencias sobre los derechos fundamentales y cómo su despliegue se comprende en el contexto normativo e institucional de cuatro países de la región. Se trata de un análisis complementario a cuatro casos de estudio nacionales desarrollados con el apoyo de Derechos Digitales y que tuvieron lugar en Brasil, Chile, Colombia y Uruguay durante el segundo semestre del 2020.

La literatura sobre el uso de IA en el sector público de Colombia incluye casos de estudio sobre herramientas puntuales, pero no cuenta con trabajos que mapeen y caractericen el uso de sistemas de decisión automatizada (SDA) por el Estado colombiano. Los problemas de investigación abordados por este trabajo buscan contribuir a cerrar esa brecha de la literatura: ¿Con qué finalidades son utilizados los sistemas de IA y los SDA en la administración pública de Colombia? ¿Qué beneficios ofrecen y qué riesgos generan? Para responder a las preguntas se recolectó y procesó información disponible públicamente, información solicitada directamente a entidades estatales, y entrevistas semiestructuradas a funcionarios públicos encargados de diseñar, pilotear y/o implementar los SDA. Con dicha información se creó un catastro de sistemas de IA y de SDA implementados en Colombia. A partir de los resultados del estudio se presentan implicaciones de política pública en materia de ética en el uso de los datos, transparencia algorítmica y, en general, sobre la gobernanza del uso de SDA e IA (y de los datos que los alimentan) en el sector público.

  • Romina Garrido Iglesias (Universidad Adolfo Ibáñez)

3. Haciendo veedurías ciudadanas: Cómo analizar los sistemas de datos y algoritmos desde una perspectiva ciudadana.

El uso de los sistemas de datos y decisiones automatizadas está centrado en los intereses de los actores más poderosos del sector público y privado afectando los derechos y las necesidades de las comunidades. Ahora bien, desde diferentes frentes, las ciudadanías se han organizado para hacerle frente a este tipo de  sistemas y reclamar un gobierno de datos que traiga beneficios colectivos y que proteja a las comunidades más vulnerables. En esta sección vamos a analizar diversas experiencias de evaluación y transformación de los sistemas automatizados de datos en torno a intereses ciudadanos.

Participantes:

  • Katherine Reilly (Simon Fraser University)

  • Andres Lombana y Carlos Barreneche (Universidad Javeriana) Contra-infraestructuras de base para el monitoreo ambiental y la justicia de datos ambientales

La distribución mundial de la contaminación atmosférica es profundamente asimétrica y afecta de forma desproporcionada a las ciudades del Sur Global. Uno de los principales obstáculos para acceder a la justicia ambiental en América Latina es que los ciudadanos carecen de suficiente evidencia en forma de datos ambientales. Además, existe desconfianza en los datos públicos y en las instituciones que los gestionan. En este contexto, nuestra investigación considera las infraestructuras de monitoreo de la calidad del aire como objetos de deliberación y contestación pública. En esta presentación presentamos el caso de CanAirIO, una Red Ciudadana de Monitoreo de la Calidad del Aire que ha operado desde 2017 en Bogotá, Colombia. Nuestro estudio de caso analiza cómo, a través de la construcción de infraestructuras comunitarias alternativas, y reuniendo repertorios de ciencia ciudadana y activismo proactivo, la gente puede instigar el debate público sobre la gobernanza medioambiental e influir en el cambio de las normas de calidad del aire. El caso muestra el potencial de la movilización de los datos generados por los ciudadanos para avanzar en la justicia (de datos ambientales) en contextos caracterizados por profundas desigualdades estructurales, “corrupción de datos” e infraestructuras precarias.

  • Beatriz Botero (Edgelands Institute/Berkman Klein Center/Sciences Po)

  • Daniel Gómez (Universidad del Norte)

4. Creando valor público: Cómo promover modelos de gobernanza de datos y algoritmos para el beneficio colectivo y la protección comunitaria

Los modelos dominantes para el gobierno de datos y los sistemas automatizados representan los intereses de los principales actores del sector tecnológico y de los Estados en cuyas economías están integrados. Los datos se conceptualizan principalmente como un recurso para el control social, el crecimiento económico o una propiedad privada. La idea de esta sección es promover modelos alternativos de datos que contribuyan a la autonomía, la participación y el control público de las comunidades.

Participantes:

Los actuales modelos hegemónicos de digitalización refuerzan las asimetrías de poder que perjudican a las comunidades marginadas y vulnerables. Por lo tanto, es necesario un cambio hacia una cultura de datos alternativa y centrada en las personas. Los países latinoamericanos, con su historia de modelos económicos populares exitosos, se encuentran en una situación única para desarrollar esos modelos alternativos de desarrollo. Desde iniciativas periodísticas que utilizan perspectivas cartográficas para el bien común como GeoCommunes o InfoAmazonia, hasta infraestructuras digitales autónomas completas como el grupo de hackers feministas brasileño MariaLabs y cooperativas tecnológicas como la mexicana Tierra Común, las organizaciones impulsadas por la comunidad en torno a la tecnología y la cultura son el primer paso hacia un ecosistema que fomente una cultura digital justa y equitativa a través de los bienes comunes de datos. ¿Cómo podemos desarrollar estas iniciativas de administración de datos orientadas a la comunidad? Este artículo sugiere que los imperativos normativos y políticos, la infraestructura pública de datos, el acceso digital y la alfabetización en materia de datos son vitales para posibilitar tales alternativas.

  • Valentina Rozo-Angel (Yale Mcmillan Center/HRDAG)
  • Juan Pablo Marín Diaz (Datasketch)
  • Fabrizio Scrollini (ILDA)

Cronograma

HorarioJueves 17 de noviembreViernes 18 de noviembre
9:30-12Sesión 1. Retomando el control público: cómo las empresas de tecnología están tomando las infraestructuras de interés público.
Metodología:
15 min presentación (por participante)
20 min preguntas
20 min break
50 min de discusión
Sesión 3. Haciendo veedurías ciudadanas: Cómo evaluar los sistemas de datos y algoritmos desde una perspectiva ciudadana.
Metodología:
15 min presentación (por participante)
20 min preguntas
20 min break
50 min de discusión
12-2AlmuerzoAlmuerzo
2-4:30Sesión 2. Dignificando a las comunidades: cómo las decisiones algorítmicas afectan la autonomía de las personas en América Latina.
Metodología:
15 min presentación (por participante)
20 min preguntas
20 min break
50 min de discusión
Sesión 4. Creando valor público: Cómo promover modelos alternativos de gobernanza de datos para el beneficio colectivo y la protección comunitaria
Metodología:
15 min presentación (por participante)
20 min preguntas
20 min break
50 min de discusión
4:30-5:00Receso Palabras de cierre
5:00-6:30Conferencia pública
Linnet Taylor – Tilburg University
What is data justice? The case for connecting digital rights and freedoms globally
6:00 – Evento de cierre
Sitio por definir

Logística

Nuestros invitados internacionales estarán en el Hotel BH Bicentenario en la Carrera 4 No. 16-03. A continuación pueden ver la ruta para el lugar del evento en la Universidad del Rosario en la Calle 12C # 6-25:

El evento tendrá lugar en el Salón 232 del Segundo piso de la Sede Claustro de la Universidad del Rosario.

Biografias

Mariana Rielli

Abogada e investigadora con trayectoria en el tercer sector, específicamente en las áreas de derechos digitales y derechos humanos en general. Licenciada en Derecho por la Universidad de São Paulo (USP), desarrolló varios proyectos de investigación y extensión relacionados con estos temas, como el Laboratorio de Libertades de la Facultad de Derecho de la USP, donde trabajó como coordinadora. Trabajó como asesora de investigación e incidencia en el Centro de Referencia Legal de la ONG ARTIGO 19 Brasil entre 2014 y 2018 y fue consultora de la Alianza por la Libre Expresión e Información. Es miembro de Data Privacy Brasil desde marzo de 2019 y, tras la formalización de la Asociación de Investigación Data Privacy Brasil, pasó a coordinar el proyecto Observatorio de Privacidad y Protección de Datos e integró la coordinación general de la ONG.

Jamila Venturini

Jamila Venturini es una de las Directoras Ejecutivas de Derechos Digitales, una organización sin ánimo de lucro con sede en América Latina que defiende y promueve los derechos humanos en entornos digitales desde 2005. Jamila es periodista e investigadora en ciencias sociales. Es autora de libros y artículos sobre tecnología y derechos humanos; y miembro de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Vigilancia, Tecnología y Sociedad (Lavits).

Paola Ricaurte

Paola Ricaurte es profesora asociada del Tecnológico de Monterrey en México, investigadora asociada del Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de Harvard, y cofundadora de la red Tierra Común. También es miembro de la Alianza por Algoritmos Inclusivos y líder del Hub LAC de la Red de Investigación en Inteligencia Artificial Feminista, FR.

Linnet Taylor

Linnet Taylor es profesora de Gobernanza Internacional de Datos en el Instituto de Derecho, Tecnología y Sociedad de Tilburg (TILT). Su investigación se centra en el uso de nuevas fuentes de datos digitales en la gobernanza y la investigación en torno a cuestiones de desarrollo humano y económico. Anteriormente fue becaria de investigación Marie Curie en la facultad de Desarrollo Internacional de la Universidad de Ámsterdam, e investigadora postdoctoral en el Oxford Internet Institute. Tiene un doctorado en Desarrollo Internacional del Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex.

Katherine Reilly

Katherine Reilly es Profesora Asociada en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Simon Fraser, donde investiga el rol de las TIC en el cambio social, con particular enfoque en América Latina. Actualmente es investigadora principal de un proyecto financiado por SSHRC/IDRC que explora la auditoría ciudadana de datos como un medio para generar alfabetización de datos y conexiones comunitarias. Este trabajo está siendo llevado a cabo en colaboración con ObservaTIC en Uruguay, Derechos Digitales en Chile, TEDIC en Paraguay, HiperDerecho en Peru, y la Fundación Karisma en Colombia.

Beatriz Botero Arcila

Profesora adjunta de Derecho en Sciences Po y afiliada al Berkman Klein Center de la Universidad de Harvard. Tiene un SJD y un LLM de la Facultad de Derecho de Harvard y es abogada de la Universidad de los Andes, en Bogotá, Colombia. Su investigación y experiencia se centran en la gobernanza de datos en entornos urbanos, la ley de privacidad, la política de gobernanza de datos, el derecho municipal, la gobernanza de plataformas y la teoría legal. Su investigación actual explora cómo las tecnologías de vigilancia adoptadas para proporcionar seguridad pública tanto en Europa como en los Estados Unidos y cómo interactúan con otros intereses públicos (es decir, las libertades civiles) y los marcos e incentivos institucionales.

Valentina Rozo-Angel

Licenciada en economía y administración de empresas con una maestría en economía de la Universidad de los Andes, Colombia. Actualmente es estudiante de la Universidad de San Andrés, Argentina, en el programa de Maestría en Ciencia de Datos. Valentina ha dedicado su carrera a la aplicación de métodos cuantitativos para la defensa y promoción de los derechos humanos. Fue parte del equipo de litigio de la ONG Dejusticia, en Colombia, aportando evidencia científica para sustentar los casos. Posteriormente, se convirtió en la Jefa de Análisis de la Comisión de la Verdad en Colombia, liderando más de 30 proyectos de investigación para encontrar patrones de violencia ocurridos durante más de 60 años de conflicto. También ha sido oficial de investigación en la Universidad de Essex y consultora del Relator Especial de la ONU sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos. Más recientemente, se unió al Grupo de Análisis de Datos de Derechos Humanos de la ONG como consultora para proporcionar evidencia científica sobre la comprensión de la magnitud de la guerra en Colombia. En 2021 fue reconocida por FemiList 100 por su trabajo en el Sur Global. Su investigación se centra en el uso de algoritmos de aprendizaje automático para entender la guerra civil en Colombia.

Fabrizio Scrollini

Director ejecutivo de la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos (ILDA), y miembro de la Red de Datos Abiertos para el Desarrollo (OD4D). Co-fundador de Abrelatam y Condatos, asi como también es uno de los asesores de la Carta Internacional de Datos Abiertos. Trabajó con gobiernos, agencias de regulacin y organizaciones de sociedad civil, local e internacionalmente, en temas relacionados con transparencia, acceso a la información pública, datos abiertos y reforma del sector público. Es Doctor en Gobierno de la London School of Economics y Political Science (LSE).

Daniel Gómez

Profesor de la Universidad del Norte (Barranquilla) y miembro fundador de Ilex-Acción Jurídica. Abogado de la Universidad EAFIT (Medellín), LL.M. en estudios críticos raciales y derecho y sexualidad de la Universidad de California (Los Ángeles), doctor en derecho (SJD) de la Universidad de Fordham (Nueva York). Ha trabajado para Dejusticia, la Corte Constitucional y Colombia Diversa. Daniel es exbecario Fulbright y Open Society Equality Fellow.

Daniel Alejandro Vizuete Sandoval

Ingeniero en Biotecnología. Estudios de Maestría en Sociología Política (FLACSO-Ecuador), y en Ciencia, Tecnología y Sociedad (Universidad de Quilmes-Argentina). Investiga sobre educación superior, ciencia-tecnología- innovación y cultura y patrimonio en Ecuador.

Andrés Lombana-Bermudez

Es un investigador, diseñador y educador que trabaja en la intersección entre ecosistemas de medios, datificación, jóvenes y ciudadanía. Andrés es profesor asistente en el departamento de comunicación de la Universidad Javeriana, e investigador asociado a los centros de estudios de internet y sociedad Berkman Klein de la Universidad de Harvard e ISUR de la Universidad del Rosario. Anteriormente terminó un PhD en Estudios de Medios de Comunicación en la Universidad de Texas-Austin, realizó una maestría en estudios comparados de medios en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y estudió pregados de Literatura y Ciencia política en la Universidad de los Andes.

Carlos Barreneche

Profesor e investigador del Departamento de Comunicación de la Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia). Doctor en Medios y Comunicación (University of Westminster, UK). Sus intereses comprenden los estudios críticos de la tecnología, las culturas hacker y el activismo digital en perspectiva del sur global.

Oscar Maldonado

Oscar Javier Maldonado es el co-investigador principal de Fairwork Colombia. Oscar es profesor asistente en el programa de Sociología de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario (Colombia). Su área de investigación son los estudios de ciencia y tecnología. Está interesado en entender las conexiones materiales entre cuerpo, salud y economías vitales. Actualmente es el director del Laboratorio de Métodos Digitales e Inventivos para la Investigación Social (DISOR-LAB) de la Universidad del Rosario.

Juan David Gutiérrez

Profesor asociado de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Es PhD en Política Pública de la Universidad de Oxford, magíster en Derecho y Economía (LLM) conjuntamente otorgada por la Universidad de Bolonia y la Universidad Erasmus de Rotterdam, y magíster en Políticas Públicas en América Latina en la Universidad de Oxford. Es abogado de la Universidad Javeriana, graduado con mención de honor. Investiga sobre derecho y política de la competencia, regulación económica y gobernanza de los recursos naturales. Fue asesor del ministro de Justicia, director de Justicia Formal del Ministerio de Justicia de Colombia y becario Chevening, Erasmus Mundus, Colfuturo y Colciencias

Juan Pablo Marín Diaz

Es un científico de datos de Colombia y director de Datasketch que lidera varias iniciativas para la apropiación pública de datos abiertos y visualización. Su trabajo como especialista en software en IBM evolucionó hacia el desarrollo de software para periodistas en torno a la visualización de datos y aplicaciones web. Fue nombrado Network Fellow de la Universidad de Harvard por una de sus soluciones que utilizaba Big Data para entender la corrupción institucional. Juan Pablo ha ayudado a diferentes redacciones, organizaciones gubernamentales y ONG a recopilar, analizar y explorar fuentes públicas de datos y ha creado herramientas de acceso y visualización de datos abiertos para comunicarse mejor con los ciudadanos y proporcionarles mejores herramientas para contar historias y tomar decisiones.

About the project

Places and populations that were previously digitally invisible are now part of a ‘data revolution’ that is being hailed as a transformative tool for human and economic development. Yet this unprecedented expansion of the power to digitally monitor, sort, and intervene is not well connected to the idea of social justice, nor is there a clear concept of how broader access to the benefits of data technologies can be achieved without amplifying misrepresentation, discrimination, and power asymmetries.

We therefore need a new framework for data justice integrating data privacy, non-discrimination, and non-use of data technologies into the same framework as positive freedoms such as representation and access to data. This project will research the lived experience of data technologies in high- and low-income countries worldwide, seeking to understand people’s basic needs with regard to these technologies. We will also seek the perspectives of civil society organisations, technology companies, and policymakers.