Essay #8 in the Data and Pandemic Politics series on data justice and COVID-19
Editors’ Note: In this essay, Goldsman and Montenegro examine the complex rights issues relating to sexting in a political climate made tense by pandemic-related surveillance and crackdowns on political and civil freedoms. Both an expression of sexuality and freedom, and a violation of privacy and integrity when information is shared without consent, the authors interrogate the relations between Indigenous rights, patriarchy and the public health crisis through the lens of female sexuality.
The editors would like to thank Rafael Evangelista and Rodrigo Jose Firmino of the Latin American Network of Surveillance, Technology and Society Studies (LAVITS) for curating essays from Latin America and Brenda Espinosa Apráez of the Tilburg Law School for reviewing and co-editing the Spanish language version. Translation into the English language by Linnet Taylor.
English translation follows Spanish text.
Introducción y contexto
Este artículo analiza el estado del debate relacionado con los derechos sexuales en internet, en específico el “sexting” (o “sexteo”) en Guatemala y su posible criminalización por parte de agentes del Estado.
En un contexto social crítico de pandemia, y durante los últimos días de escritura de este texto, la población protestó en las calles por mayor transparencia en la designación de recursos del presupuesto nacional. El gobierno nacional respondió a las manifestaciones populares con represión y detenciones arbitrarias de manifestantes. Al descontento por el mal manejo de la crisis sanitaria, se sumaron los daños a la infraestructura y los perjuicios ocasionados al sector agrícola a causa de los recientes huracanes Eta e Iota.
Llamó la atención, entonces, la publicación de un tweet en la cuenta oficial de Twitter del Gobierno de Guatemala, en los días siguientes a las masivas manifestaciones en las principales urbes, en el cual se advierte sobre el envío y publicación de imágenes en internet. Este post se publica en medio de un estallido social en el cual las redes sociales fueron el principal medio alternativo para denunciar abusos por parte de las fuerzas policiales y militares. Esta mención a la divulgación de imágenes e ideas vía internet no está acompañada de una campaña sobre el tema y mucho menos a una guía de recursos que aborde la problemática en cuestión.
La imagen a continuación muestra una mano que parecería de una mujer, el texto hace un llamado sobre el cuidado de la imagen y advierte sobre la condición perenne que adquieren los materiales subidos a la red. El mensaje está firmado por la Secretaría contra la violencia sexual del gobierno de Guatemala y no conduce a ningún enlace que sirva para ampliar la información.
La publicación no señala exactamente qué tipo de imágenes estarían en peligro. Pareciera indicar la idea de que es responsabilidad (y culpa) de las usuarias de internet lo que sucede con la circulación de imágenes suyas. Coloca así la responsabilidad en la potencial víctima. Tampoco indica en dónde y cómo buscar mas información que enseñe y explique qué hacer al respecto.
Una vez ingresamos al sitio web de dicha Secretaría nos encontramos con una sección llamada “#NoMásViolenciaSexual” dedicada a establecer una tipología de los diferentes modos de violencia sexual con la explicitación de la cantidad de años de prisión que le correspondería a cada agresor. Con una serie de videos con una voz grave y una música tenebrosa, se muestran diferentes situaciones de violencia sexual en la cual los hombres son los “justicieros,” que a la hora de llamar la atención a otros hombres por el delito que estarían cometiendo, les muestran un celular cuya pantalla dice “la violencia sexual es delito,” y se convoca a hacer la denuncia con la Policía Nacional Civil (PNC).
En el video compartido en la plataforma del gobierno y en YouTube, que escenificaría un caso vinculado a la divulgación de imágenes íntimas sin consentimiento, , un personaje varón se acerca a un grupo de jóvenes y sin mediar palabra, los alecciona con un mensaje que brilla en la pantalla de su móvil y dice: “la violación a la intimidad sexual es un delito.” La idea de un señor mostrando un celular y aleccionando con una frase penalizadora se repite en la serie de videos dedicada a posibles crímenes en internet.
En Guatemala, la crisis sanitaria fue reconocida por el gobierno nacional del Presidente Alejandro Giammatei el 5 de marzo. Esto se hizo a través de un decreto que declaró un “estado de calamidad pública” en virtud del artículo 183 de la Constitución de Guatemala a causa del Corona virus (COVID-19). En virtud del decreto, se suspendieron las libertades constitucionales, incluida la libertad de circulación y el derecho de reunión pacífica. El decreto prohibió los eventos de cualquier tamaño, así como cualquier actividad social, cultural y deportiva.
A través de esta medida, el gobierno limitó también el derecho a la libre locomoción, la cual quedó restringida por aproximadamente 6 meses con un horario específico marcado por el toque de queda. Estas medidas implicaron el desplazamiento de las fuerzas militares a lo largo de un territorio marcado a fuego por una guerra interna que duró más de 30 años y que implicó la masacre de aldeas indígenas por parte de los militares, con el beneplácito apoyo inicial y duradero de los gobiernos estadounidenses.
Por estas razones, sostenemos que referirse a un aumento del militarismo en Guatemala equivale a sopesar el racismo, genocidio, violencia sexual como estrategia de dominación de la población, así como el exterminio y la brutalidad como modo de accionar de las fuerzas del orden. A la vez, la existencia de una élite política hegemónica de corte militar – empresarial que aún gobierna el país, alimenta la negación de la historia y de la memoria de los pueblos originarios que aún reclaman por los crímenes de guerra y el acceso a la tierra.
Para entender la idiosincrasia religiosa guatemalteca (por razones de extensión, pintaremos con trazos gruesos el panorama social), hay que tener en cuenta que es un país en el que predomina el sincretismo religioso. Esto se evidencia en una fuerte presencia de iglesias evangélicas y una tradición católica histórica que, pese a todos los exterminios contra las poblaciones indígenas, no lograron borrar del mapa los rituales y la ancestralidad mayas.
Por otra parte, la antropóloga indígena Emma Chirix (2011) al desarrollar una definición sobre sexualidad, señala que la misma es: “una construcción histórica, social, cultural, subjetiva, política y económica que abarca múltiples temas y significados de este fenómeno dinámico y complejo” (…) En su texto sobre sexualidad de la etnia Kakchiquel, la investigadora destaca cómo el cristianismo satanizó el erotismo y transformó en pecado la sexualidad (Chirix, 2011 en La Cuerda, 2018). Es decir que para Chirix, el control sobre los cuerpos, las prácticas y normas sexuales se desenvolvió de manera compleja, extendiendo la colonización a las mentes de las personas, invadiendo sus imaginarios y creencias e instalando la culpa como dispositivo de control.
La sexualidad de las mujeres, que sigue siendo al día de hoy un elemento poderoso para la cohesión de las comunidades, generador de vida y de placer, fue sometida, castigada, controlada y significada con el único fin de la reproducción.
Sexualidad y virtualidad
“Todo lo que es una práctica sexual es sexo. No importa el contacto entre quiénes, qué partes del cuerpo, qué elementos utilices.” explica Carolina Meloni, sexóloga clínica, educadora sexual y divulgadora de contenido sexológico no binario y transfeminista y participante del equipo de Salud Sexual e Integral CESI.
Cuando hablamos sobre esta sexualidad de las mujeres que fue sometida, castigada y controlada, no solamente se habla del ámbito físico. Es inevitable con los avances tecnológicos y la actualidad, no relacionar la sexualidad con la virtualidad y cómo se da esta relación entre ambas. En esta relación, se trasladan algunas prácticas de la sexualidad al mundo virtual, una de esas prácticas y de las más comunes es el “sexting” o “sexteo.” La palabra es un acrónimo en inglés en donde se une la palabra ‘sex’ (sexo) y ‘texting’ (escribir mensajes). Consiste en la actividad de enviar fotos, videos o mensajes de contenido sexual y erótico personal a través de dispositivos tecnológicos, puede ser por medio de mensajería instantánea, redes sociales u otra herramienta de comunicación.
Aunque esta práctica se realiza desde hace ya varios años, sigue considerándose como un tema tabú. Sin embargo, investigaciones y encuestas han demostrado que durante el contexto de COVID-19 y el confinamiento, la práctica del sexting aumentó en un 68%, al igual que el sexo vía cámara web aumentó casi en un 100%. Esto se debe a la falta de contacto físico con otras personas, fenómeno que ha empujado a explorar diferentes prácticas como esta. Esto evidencia una trascendencia de los vínculos y una evolución de los mismos en el mundo digital.
Aunque estas prácticas cada día son más comunes y adoptadas por muchas personas, cuando hablamos del mundo virtual y cómo trasladamos, por ejemplo, prácticas sexuales a esta esfera de la vida cotidiana es importante mencionar y evidenciar que también se trasladan ciertas prácticas que promueven violencia y que vulneran la integridad de las personas. Respecto a esto es importante mencionar que el hecho de intercambiar fotografías de forma voluntaria no representa un delito o un acto negativo, pues no hay una condición de víctima y victimario. Lo que sí representa algo negativo es el mal uso que las personas que reciben el contenido dan al mismo. Todo esto sucede gracias al acceso a nuevas tecnologías y a internet, sin embargo, es importante mencionar también el contexto del acceso a internet en Guatemala.
Contexto de acceso a Internet
A partir de datos del XII Censo Nacional de Población y VII Vivienda 2018, se conoce que el 78% de la población guatemalteca no tiene acceso a una computadora y el 69% no tiene acceso a internet. El uso de internet se concentra principalmente en el departamento de Guatemala. En el otro extremo, el departamento Alta Verapaz destaca por sus habitantes con el más bajo acceso a celular, computadora e internet y al mismo tiempo este es el departamento que tiene más población de origen maya. Según el último censo nacional, únicamente 2 millones 364 mil 580 personas indicaron tener acceso a celular, computadora e internet de una población de más de 16 millones.
Tomando en cuenta la desigualdad en el acceso, nos atrevemos a sostener que los casos de violencia en línea vinculada con la divulgación de imágenes se concentran en los centros urbanos. Para entender el fenómeno de violencias tendremos en cuenta que en los meses que han transcurrido desde inicio 2020, los registros de denuncias del Ministerio Público señalan que ha habido un promedio de 190 denuncias diarias de delitos contra las mujeres y las niñas, de las cuales el 72 por ciento corresponde a violencia contra la mujer. El 52 por ciento de dichas denuncias se registra en la categoría de violencia física y el 27 por ciento por violencia psicológica.
Es necesario realizar una comparación con datos del año anterior (2019), pues es notable que la violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas se incrementó con el confinamiento y que la violencia física contra sus cuerpos se duplicó durante su convivencia cotidiana. Sus agresores son los hombres más cercanos a sus vidas: padres, padrastros, hermanos, tíos y abuelos. Esto también refuerza la tesis de que el lugar más peligroso para las niñas, las adolescentes y las mujeres es su propia casa.
Sin embargo, esta violencia no solamente aumentó de forma física. También lo hizo en el mundo virtual, constituyéndose en violencia digital. La Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, citado en Barrera y Rodríguez), define violencia digital o violencia en línea como “actos de violencia cometidos, en parte o totalmente por el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), redes sociales y correo electrónico.” La característica principal de los actos de violencia digital, es que causan daño psicológico y emocional a las víctimas, así como refuerzan prejuicios, dañan la reputación, causando pérdidas económicas. Otras consecuencias de este tipo de violencia es que surgen barreras a la participación de la vida pública por el daño a la integridad de la persona, además de conducir a otro tipo de violencia sexual y física.
El mayor de los problemas o retos a enfrentar es la falta de información que existe alrededor de este tema. Hablamos de nuevas prácticas como el sexting, no obstante, junto a este tema hay que mencionar los cuidados digitales que deben tomarse al realizar esta práctica. Lo virtual es real y al explorar este nuevo mundo digital, estamos explorando también un espacio extendido de lucha, ya que también a él se trasladaron diferentes tipos de violencia como difusión no consentida de material íntimo.
La expresión de violencia de la divulgación de imágenes sin consentimiento, por caso, causa daño psicológico y emocional ya que se vulnera la privacidad de la persona involucrada, Ortiz (2020) afirma que esta violencia se trata de un “asesinato virtual” y que es igual de doloroso a si pasara físicamente. Sin embargo, hay muy poca información sobre las rutas a seguir en caso de ser víctima de dicha difusión o sobre si esto es o no un delito. En Guatemala sí se encuentra tipificado en el capítulo V del Código Penal, referido a los Delitos contra la Indemnidad Sexual de las Personas, el delito de “Violación a la Intimidad Sexual” (en el artículo 190).
A pesar de que acciones como divulgar imágenes íntimas sin consentimiento es considerado delito en Guatemala, solamente algunos casos han llegado a la esfera pública y legal, mientras que muchos más quedan sin conocerse. Los casos que llegaron a la esfera pública cumplen con la característica en común que la víctima es una figura pública o figura política, por lo tanto, los intereses son directos en la intención de afectar su reputación o carrera política. Los medios de comunicación intervienen dando cobertura a estos casos tomando en cuenta que las víctimas, en su mayoría mujeres, realizan la denuncia y dan seguimiento al proceso legal. Sin un proceso legal en curso, los medios de comunicación no dan cobertura a este tipo de situaciones, a pesar de estar en aumento. Lo cual lleva a cuestionar la invisibilización de este problema. Además, el tratamiento informativo que los medios realizan sobre dichos casos no tiene enfoque de derechos humanos, ni enfoque de género, por lo que, al dar cobertura a dichos casos, los medios tienden a violentar otros derechos como el de la privacidad, al mostrar parte del contenido íntimo difundido o publicar datos personales de la víctima.
El número de denuncias es muy bajo, esto se debe en parte al proceso de revictimización por el cual la víctima de este tipo de violencia debe pasar. Si se observa el ejemplo de la imagen que se mencionó al inicio de este artículo, al igual que el video en donde se promueve denunciar con la Policía Nacional Civil estos casos, no es una campaña clara y tampoco muestra sensibilización. Para realizar la denuncia se debe acudir a las diferentes instituciones públicas encontrando el primero de los obstáculos: hay muy poco conocimiento y capacitación sobre el tema y la respuesta de la mayoría de los colaboradores públicos es afirmar que esto no es un delito si hubo consentimiento. Se visibiliza entonces la necesidad de informar sobre estos temas y capacitar a quienes están encargados de tomar este tipo de denuncias. Estas mismas autoridades piden ver el contenido íntimo por el que se está denunciando, así como explicar la situación, en un claro acto de revictimización de las denunciantes. Por evitar todo este proceso de señalamientos y culpas a la persona agredida es que la mayoría de las víctimas deciden no denunciar y cargar con las consecuencias.
A modo de conclusión
Queda mucho por investigar con una mirada Interseccional sobre el acceso y apropiación de tecnologías en relación a usos de teléfonos para sextear, así también los datos son escasos en relación a las prácticas sexuales mediadas por internet para poder reflexionar sobre cómo afecta según raza, clase y género. Sospechamos que el crecimiento de la criminalización de lo que hacen y expresan las personas en la red, especialmente las mujeres o personas de identidades no binarias, se puede complejizar en conjunto con las campañas desinformativas como las que mencionábamos al principio de este artículo. Son en Guatemala las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía organizada las encargadas de hacer campañas de educación digital y alfabetización acerca de los Derechos Sexuales y Reproductivos incluidas en ellas las prácticas como el sexting, considerada dentro del ámbito del derecho a la libre expresión.
Florencia Goldsman (Universidad de Buenos Aires/Universidade Federal da Bahia) es periodista feminista y colabora con la campaña Dominemos la Tecnología (APC) e integra la colectiva CiberfemGT. Desde 2020 es becaria de Digital Defenders Partnership.
M. Fernanda Montenegro (Universidad Rafael Landivar) es una comunicadora comprometida con la comprensión de género. Tiene diplomas en Periodismo de Investigación y Acceso a la Información Pública, así como liderazgo femenino en los medios. Actualmente trabaja en medios en el área de alfabetización mediática e informacional.
“Sexting” in Guatemala — Non-consensual sharing as digital violence in the context of the pandemic
Introduction and context
This article analyses the state of the debate on sexual rights on the internet, specifically sexting, in Guatemala, and its possible criminalisation by the State.
In the extreme social context of the pandemic, while this essay was being written people were protesting in the streets for greater transparency on the allocation of resources in the national budget. The government responded to these demonstrations with repression and arbitrary arrest of protestors. The protests sprang from dissatisfaction with the mismanagement of the health crisis, but also the damage to infrastructure and the agricultural sector by the recent hurricanes Eta and Iota.
This meant that a tweet published by the official government Twitter account in the days following these massive demonstrations in the main cities, warning about sending and publishing images on the internet, drew people’s attention. The tweet was published in the midst of social unrest where social networks were the main alternative to report abuses by the police and military forces. This statement about the online dissemination of images and ideas was not accompanied by a campaign on the issue, or even a guide to resources.
The image below shows a hand, seemingly a woman’s, and the text calls for careful sharing of images and warns of the permanent nature of anything shared online. The message is signed by Guatemala’s secretariat for combating sexual violence, but does not lead to any link that serves to expand the information.
The post does not specify exactly what kinds of images pose risks. It implies that internet users bear the responsibility (and blame) for the ways in which their images get shared. Thus it places the responsibility on the potential victim. Nor does it indicate where and how to find more information to teach and explain what to do about it.
Looking at the website of the Secretariat, we found a section called “#NoMoreSexualViolence” which categorises different kinds of sexual violence, specifying the number of years in prison corresponding to each aggression.
In a series of videos with a deep voiceover and dark music, different kinds of sexual violence are shown in which men are the “vigilantes” who, if they catch another man perpetrating a crime, show them a cell phone screen saying “sexual violence is a crime,” and haul them off to lodge a complaint with the National Civil Police (PNC).
A video shared on the government’s website and on YouTube, reenacts a case where intimate images were shared without consent. In it, a man approaches a group of young people and without speaking, educates them with a message on his mobile screen that says: “The violation of sexual intimacy is a crime.” The idea of a man showing a cell phone and lecturing people in legal language is repeated in the series of videos dedicated to possible online crimes.
In Guatemala, the public health crisis was announced by the national government of President Alejandro Giammatei on March 5 with a decree that declared a “state of public calamity” under article 183 of the Constitution of Guatemala due to the Coronavirus (COVID-19). Under the decree, constitutional freedoms, including freedom of movement and the right of peaceful assembly, were suspended. The decree prohibited events of any size, as well as any social, cultural or sporting activity.
With this decree the government also limited the right to free movement, which was restricted for approximately 6 months with a curfew. The decree also authorised the deployment of the army across a country still suffering from the after-effects of a civil war that lasted more than 30 years, and which had seen the massacre of Indigenous Peoples by the military, with the initial complicity and lasting support of US governments.
For these reasons, we argue that increasing militarism in Guatemala is equivalent to using racism, genocide or sexual violence as a strategy of domination, and of using extermination and brutality as a mode of law enforcement. Furthermore, the presence of a hegemonic military-industrial elite that still governs the country reinforces the denial of the history and memory of the native peoples who still await justice for war crimes and access to land.
To understand Guatemalan religion (in broad strokes), we should note that the country has great religious diversity, as shown by the strong presence of evangelical churches and a long Catholic tradition that, despite the many massacres of Indigenous Peoples, has failed to erase Mayan rituals and heritage.
However, the Indigenous anthropologist Emma Chirix’s (2011) research on sexuality notes that it is: “a historical, social, cultural, subjective, political and economic construction, which incorporates many threads and meanings as a dynamic and complex phenomenon (…).” In her writing on the sexuality of the Kakchiquel group, the researcher demonstrates how Christianity demonised eroticism and transformed sexuality into sin (Chirix, 2011 in La Cuerda, 2018). For Chirix, control over bodies, sexual practices, and norms developed relationally, colonising people’s minds, invading their imaginaries and beliefs, and establishing guilt as a means of control.
Women’s sexuality, which continues to be a powerful force in community cohesion as a generator of life and pleasure, was contained, punished, controlled and constrained to the sole purpose of reproduction.
Sexuality and virtuality
“Every sexual practice constitutes sex. It does not matter who the contact is with, what body parts, or what you use,” explains Carolina Meloni, clinical sexologist, sex educator and disseminator of non-binary and transfeminist sexological content, and participant of the CESI Sexual and Integral Health team.
When we talk about how women’s sexuality has been suppressed, punished and controlled, we are not only talking physically. Given advances in technology, we have to relate sexuality to virtuality, and how that connection works. Some sexual practices become virtual, one of which – and the most common – is sexting. The word means sending photos, videos or messages of personal sexual and erotic content via electronic devices, whether instant messaging, social networks or another communication tool.
Although this practice has existed for several years, it is still considered a taboo topic. However, research shows that during the lockdown, the practice of sexting increased by 68%, and webcam sex by almost 100%. This is due to lack of physical contact with other people, something that has led to the exploration of various practices. This shows how connections can survive and evolve in the virtual world.
Although these practices are becoming more common and part of everyday practice, when we talk about the virtual world and how we transfer, for example, sexual practices to this sphere of daily life, it is important to acknowledge that certain practices promoting violence and which violate people are also being transferred. It is important to note that voluntarily exchanging photos is not a crime or a negative act, since there is no victim-perpetrator dynamic involved. What is negative is some people’s misuse of the content they receive. Given that all this happens due to access to new technologies and the internet, however, it may help to outline the internet access context in Guatemala.
Internet access
Based on data from the 12th National Population Census and 7th National Housing Census 2018, 78% of the Guatemalan population does not have access to a computer and 69% does not have access to the internet. Internet use is mainly concentrated in the province of Guatemala City. At the other extreme, the Alta Verapaz province has the lowest access to cell phones, computers and internet, also being the province with the largest Mayan population. According to the latest national census, only 2.3 million Guatemalans indicated having access to cell phones, computers and the Internet, out of a population of more than 16 million.
Taking into account inequality in access, we would argue that cases of violence linked to online image sharing are concentrated in urban centres. To understand this phenomenon, we should note that since the beginning of 2020, there have been an average of 190 daily complaints of crimes against women and girls, of which 72% corresponds to violence against women. 52% of these complaints are registered as physical violence and 27% as psychological violence.
If we compare this with 2019, we see that violence against women and girls increased with the lockdown and that physical violence doubled. Their attackers are the men closest to them: fathers, stepfathers, brothers, uncles and grandfathers. This also reinforces the notion that the most dangerous place for women and girls is their own home.
However, this violence not only increased physically but also virtually, becoming digital. The Association for the Progress of Communications, cited in Barrera and Rodríguez, defines digital violence or online violence as “acts of violence committed, in part or totally by the use of Information Technologies and Communication (ICT), social networks and email.” Their defining feature is that they cause psychological and emotional damage to the victims, as well as reinforcing prejudices, damaging reputations and causing economic loss. Other consequences are barriers to participation in public life due to perceived damage to personal integrity, in addition to the sharing leading to other types of sexual and physical violence.
The greatest challenge is a lack of information. When discussing new practices such as sexting, however, we should mention the caution that must be exercised. The virtual is real, and by exploring this new digital world, we are also exploring an extended space of struggle, since different types of violence are also transferred to it, such as non-consensual sharing of intimate images.
The violence expressed by the sharing of images without consent causes psychological and emotional damage by violating the privacy of the subject. Ortiz (2020) affirms that this violence is “virtual murder,” just as painful as if it happened physically. However, there is very little information available on what to do if one becomes the victim of such sharing, or on whether or not this is a crime. In Guatemala, in fact, the crime of “Violation of Sexual Intimacy” is set out in Chapter 5 of the Penal Code on Crimes against the Sexual Indemnity of Persons (Article 190).
Despite this kind of sharing without consent being a crime in Guatemala, few cases have surfaced publicly as legal claims, and many more are unreported. The cases that constitute legal claims are usually those where the victim is a public or political figure, and the aim was to affect their reputation or political career. The media intervene by covering these cases, taking into account that the victims, mostly women, make the complaint and follow up on the legal process. Without an ongoing legal process, the media does not cover these types of situations, despite their increase. Which leads us to question the invisibility of this problem. In addition, the media coverage of these cases does not have a human rights approach, nor a gender approach, therefore, when covering the cases, the media tend to violate other rights such as privacy, by showing part of the intimate content disseminated or publish personal data of the victim.
The number of complaints is very low partly due to the process of re-victimisation that victims of this type of violence experience. In the case of the image cited above and the video urging people to report cases to police, they do not form part of any clear campaign nor do they show any increase in sensitivity. To file a complaint people must go through a series of public authorities – the first of several obstacles. There is very little knowledge or training on the subject and the response of the majority of public officials is to say that this is not a crime if consent has been given. This highlights the need for more knowledge and training on the part of those in charge of processing these types of complaints. Officials usually ask to see the content about which the complaint is being made, and demand an explanation of the situation – a clear act of re-victimisation of the complainant. In order to avoid this process, most of the victims decide not to report and bear the consequences.
Conclusions
There is much still to be understood by employing an intersectional perspective on the use and appropriation of technologies, both in relation to the use of phones for sexting and to how the internet mediates sexual practices, if we are to understand how these are affected by race, class and gender. It is likely that the growing criminalisation of online actions and expression, especially on the part of women or non-binary people, may become a more complex problem when combined with disinformation campaigns. Instead, in Guatemala civil society organizations and citizen groups are left in charge of digital education and literacy on sexual and reproductive rights, including issues such as sexting, and how they are considered in relation to the right to free expression.
Florencia Goldsman (Universidad de Buenos Aires/Universidade Federal da Bahia) is a feminist journalist and collaborates with the campaign Dominemos la Tecnología (APC) and integrates CiberfemGT collective. She has been a Digital Defenders Partnership Fellow since 2020.
M. Fernanda Montenegro (Universidad Rafael Landivar) is a communicator committed to understanding gender. She holds diplomas in Investigative Journalism and Access to Public Information, as well as female leadership in the media. Currently works in media in the area of media and information literacy.
Suggested citation: Goldsman, F. and Montenegro, M. F. (2021, February 11). “Sextear” en Guatemala — Difusión no consentida como violencia digital en contexto de pandemia. Data and Pandemic Politics, 8. https://doi.org/10.26116/datajustice-covid-19.008
